CEDHJ solicitó al Congreso del Estado fortalecer la responsabilidad del daño ambiental a raíz del descontrol del basurero Los Laureles

Guadalajara, Jal. — El actual vacío que existe en la ley de responsabilidad ambiental con la que cuenta el estado de Jalisco, deslinda a los privados o particulares como en el caso de la empresa Caabsa Eagle prestadora de servicio de la gestión integral de residuos de los municipios de Tonalá, Guadalajara, Tlajomulco de Zuñiga, El Salto y Juanacatlán, de los impactos negativos y deterioros en el medioambiente así como de la salud de los pobladores colindantes al mismo.

Una de las acciones que refleja lo anterior fue el incendio del predio Los Laureles durante el mes de abril, que tuvo un impacto en los recursos públicos de siete millones de pesos aproximadamente, de los cuales Caabsa Eagle no pago a pesar de ser la empresa responsable.

Ante tal situación la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), solicitó al Congreso del Estado, a través del pronunciamiento emitido el pasado lunes dos de septiembre en donde solicita la clausura definitiva del basurero Los Laureles por la inadecuada gestión y disposición de los residuos, trabajar en el fortalecimiento de la ley para que la responsabilidad del daño sea una realidad en el estado.

“Existe la necesidad imperante de que el Congreso del Estado regule y emita finalmente una Ley de Responsabilidad Ambiental, tenemos una laguna tremenda desde el 2013 y en materia estatal no tenemos contemplada la responsabilidad del daño. En varias ocasiones nos hemos pronunciado para que el congreso ponga énfasis en esto y ahora sí se legisle sobre la materia”.

Externó Kathia Marisol Rico Espinosa, visitadora adjunta, Jefa de Asuntos Ambientales de la CEDHJ.

Dentro del pronunciamiento se anexaron dos quejas emitidas durante el 2018 (161/18/II y 934/18/II), ambas sobre el desarrollo urbanístico que se está llevando a los alrededores del predio Los Laureles, y una más que fue colectiva en el presente año, a raíz del incendio (2148/19/II).

A pesar de que el daño ambiental y el incumplimiento de las normas ambientales tanto del estado así como de la Norma Oficial Mexicana 083-Semarnat-2003, se puede ver a simple vista, Kathia Rico, externó deben de esperar a tener los documentos solicitados como: la evaluación de riesgos a la salud de la población de los municipios aledaños, los estudios de permeabilidad de suelo, monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, y monitoreo de pozos aledaños al basurero, por mencionar algunos.

Además de puntualizar que el trabajo de inspección e investigación lo han realizado sólo al exterior del predio debido al acceso negado.

“No podemos ingresar a un ente privado, Caabsa no permite el ingreso a la Comisión de Derechos Humanos, y nuestras caminatas e investigaciones es en todos los alrededores y es evidente desde el exterior que no cumple”.

Algunos de los estudios que solicitó la CEDHJ, como el caso de la evaluación de riesgos a la salud de la población, así como del medioambiente, se deben de tener debido a que era uno de los requisitos que en su momento la Semadet solicitó a la empresa prestadora del servicio. A la fecha se desconoce si se presentaron los documentos ante la secretaría y el proceso en el que se encuentra.

La postura por parte de los ciudadanos aledaños al basurero es clara, no quieren la continuación de Caabsa, ni del basurero. El estado no ha podido dar una respuesta ante el clamor de los ciudadanos, más que el silencio de la espera de procesos legales que se tienen con la empresa, mientras el incumplimiento a las normas y la contaminación al ambiente aumenta.

Este medio de comunicación buscó por segunda ocasión tener la versión Caabsa Eagle, y la respuesta de la secretaria fue que toda comunicación de la empresa se da conocer a través de los municipios y de la Semadet.